La Delegación de Gobierno prohibió de manera generalizada las 104 manifestaciones convocadas en Madrid para celebrar el 8M, una limitación desproporcionada al derecho de reunión pacífica.
Esta prohibición generalizada afectó al Colectivo de Apostasía Feminista, trasladando una concentración frente al Arzobispado al 22 de marzo como consecuencia de dicha prohibición.
Solo eran 14 personas. Delegación de Gobierno les confirmó que al ser menos de 20 personas no necesitaban notificar nada. Cuando llegaron a la concentración ya había policías en las inmediaciones del Arzobispado. La policía pidió que se identificara la mayoría.
Marian preguntó por qué. Un policía le contestó que si no le daba la documentación, la iba a detener. Ante esto, entregó su DNI. Cuando se lo devolvieron, más de media hora después, le entregaron una propuesta de sanción por infracción del art. 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, de negativa a identificarse.
“Me identificaron para sancionarme por negarme a identificarme. Pero esto no es cierto, no me negué a identificarme, lo que hice fue preguntar por qué”.
El caso de Marian solo es un ejemplo más de cómo la Ley Mordaza restringe y penaliza la libertad de expresión, información y reunión pacífica.
De 14 personas que se concentraron “fuimos 10 identificadas y 2 sancionadas. Me daba miedo que me detuviesen. Me daba miedo que pudieran doblarme el brazo y detenerme. Había dos furgones policiales, era desproporcionado, y sentí miedo“.
La Ley Mordaza persigue y criminaliza a activistas, periodistas y movimientos sociales y genera indefensión ante la dificultad para oponerse a la versión policial. Es un obstáculo para salir a la calle a protestar y reclamar derechos.
La Ley Mordaza debe ser modificada acabando de una vez por todas con las vulneraciones de derechos humanos.